Declaración responsable exentos de establecer garantía financiera según análisis de riesgos medioambientales

Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

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What is

What is it and what is it for

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, los operadores de las actividades incluidas en el anexo III de la ley, sin perjuicio de las exenciones previstas en su artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.

Según el artículo 28 de la citada ley Quedan exentos de constituir garantía financiera obligatoria:

a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros.

b) Los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros que acrediten mediante la presentación de certificados expedidos por organismos independientes, que están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001 vigente.

c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales, quedando por tanto exentos de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3.

d) Los operadores de las actividades que se establezcan reglamentariamente atendiendo a su escaso potencial de generar daños medioambientales y bajo nivel de accidentalidad, quedando igualmente exentos de efectuar la comunicación prevista en el artículo 24.3.

 

Los operadores que, una vez realizado el análisis de riesgos medioambientales de su actividad, queden exentos de constituir la garantía financiera en virtud de las exenciones previstas en los apartados a) y b) del citado artículo 28 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, deberán presentar ante la autoridad competente una declaración responsable que contendrá al menos la información incluida en el anexo IV.2 del del Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

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Operadores de las actividades incluidas en el ANEXO III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que una vez realizado el análisis de riesgos de su actividad, queden EXENTOS de constituir una garantía financiera.

How to process

Processing process

Presentación por parte del operario o representante de declaración responsable por medio de impreso normalizado dirigido a la Dirección General del Cambio Climático y Calidad Ambiental, aportando la documentación requerida.

Collaborating certification entities

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ACTIVIDADES YA EXISTENTES:

 

- Prioridad 1 antes del 31/10/18

- Prioridad 2 antes del 31/10/19

- Prioridad 3 antes del 16/10/21, excepto las actividades de cría intensiva de aves de corral o de cerdos que deberán disponer de la garantía financiera antes del 16/10/22.

 

Una vez alcanzado el plazo citado anteriormente las ACTIVIDADES NUEVAS, tendrán la obligación de presentar la Declaración Responsable que se cita en este procedimiento al inicio de la misma.

Form of presentation
Telematics

Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como los solicitantes que, no estando obligados a ello, opten por esta vía, presentarán las...

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Face-to-face

a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

 

No obstante, los solicitantes que sean personas jurídicas, en virtud del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligados a relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, por lo que la presentación de solicitudes debe realizarse electrónicamente.

 

Y preferentemente en:

Where to go

Resolution

Observations

Los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015)

Exhausts administrative life
Si
Sanctions

El incumplimiento de la obligación de concertar en los términos previstos en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental las garantías financieras a que esté obligado el operador, así como el hecho de que no se mantengan en vigor el tiempo que subsista dicha obligación, supone una infracción MUY GRAVE según lo dispuesto en el artículo 37.2 f) de la citada Ley

 

Las sanciones que se establecen para este tipo de infracciones según el artículo 38 de la Ley son:

1. Multa de 50.001 hasta 2.000.000 de euros.

2. Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos años.

 

Asimismo de acuerdo con el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Frequent questions

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