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Le corresponden las funciones de resolver, con los efectos previstos en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera entre las partes intervinientes o que ostenten un interés legítimo en los mismos, que sean sometidas a su conocimiento, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre. Estarán excluidas de la competencia de las juntas las controversias de carácter laboral o penal. Informar y dictaminar, a petición de la administración o de las personas que justifiquen un interés legítimo, sobre las condiciones de cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de actividades auxiliares y complementarias de transporte por carretera, las cláusulas generales y particulares de su ejecusión, las incidencias derivadas de dicha ejecución, las tarifas aplicables y los usos de comercio de observancia general. Actuar como depositarias y realizar, en su caso, la enajenación de las mercancias no retiradas que corrieran riesgo de perderse o cuyos portes no hayan sido pagados, a fin de garantizar la percepción de los mismos por el transportista. Realizar a instancia de cualquiera de los interesados, si existieran...

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